El PP considera que la seguridad privada contratada por el Ayuntamiento para vigilar el área residencial no está dentro de la legalidad, según se puede leer en La Nueva España (y 2).
El principal partido de la oposición defiende que la empresa privada, cuyos servicios cuestan al Ayuntamiento 146.000 euros al año, no tendría competencias dentro del área residencial de Roces. Basa tal afirmación en el artículo 13 de la ley 23/1992 de Seguridad Privada y el artículo 80 del reglamento 2364/1994.
Según el PP, debería ser la Policía Local o Nacional la encargada de vigilar el área.
Actualización 14/4/2010: El Ayuntamiento sostiene la legalidad de la vigilancia del área, según se puede leer en La Nueva España (y 2).
